El pasado 18 de julio la Comisión Europea sancionó a Google con una multa récord de 4.300 millones de euros por afianzar su dominio y violar la libre competencia como buscador de internet, vinculando este servicio y otras aplicaciones móviles con Android, su sistema operativo móvil.
El castigo llega un año después de ser multado con 2.400 millones de euros por usar su influencia como buscador para alejar a los usuarios de ofertas de sus rivales y redirigir a estos a su servicio de compras. Además, no hay que olvidar que tiene otra causa pendiente con Bruselas que podría llegar hasta los 9.000 millones de euros (el 10% de los beneficios globales de la empresa), que sería el máximo legal.
El tamaño de las multas esconde una terrible realidad sobre lo que estas suponen. Las autoridades europeas hacen un esfuerzo para analizar el comportamiento de los grandes monopolios tecnológicos en aras de la libre competencia, a diferencia de sus homónimas estadounidenses, pero de poco sirve para fortalecer la competencia. La realidad es que esta postura es la más beneficiosa para ambas partes ya que, por un lado, la Comisión Europea acapara titulares. Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, aumenta sus posibilidades de presidir la Comisión; y Google, pese a sus protestas, lo considera como un coste para hacer negocio (la multa de julio supone un 5% de su saldo neto).
Google sigue y seguirá obligando a los fabricantes y operadores móviles a firmar un acuerdo estricto si quieren seguir usando Google Play Store para preinstalar y dar prioridad a sus aplicaciones, a lo que estos se verán obligados si quieren ser competitivos y ofrecer productos que atraigan a sus clientes.
La Comisión quiere que sea Google quien encuentre soluciones. Esto supondría acabar con todas las restricciones que impone y es algo que parece bastante difícil que pueda ocurrir, ya que Android es el sistema operativo predominante en Europa con un 80% de presencia entre los usuarios.
Es verdad que Europa busca un entorno de libre competencia con más ahínco que EEUU, pero la realidad es que no ha conseguido mucho más en términos tangibles que sus contrapartidas estadounidenses, lo que hace que las multas sean inservibles.
