Érase una vez un señor Jubilado que acudió a la oficina de su entidad financiera para hacer unas gestiones y, con motivo del vencimiento de su imposición a plazo fijo, aprovechó para informarse por los tipos de intereses ofertados y los productos de ahorro disponibles para la renovación del mismo.
El director de la oficina le ofreció un producto financiero que en ese momento estaban promocionando, sin tener en cuenta que este producto era jurídica y económicamente complejo. Comercializado por una entidad de crédito sometida a la disciplina bancaria y a la Ley del Mercado de Valores, a través de su red de oficinas locales y, por parte de su personal propio, basado en el régimen de confianza que los mismos tienen establecido con los ahorradores/clientes; que tradicionalmente acuden a las sucursales en busca de estabilidad y seguridad amparados en la confianza que toda entidad de crédito ofrece. Y, en este caso, había sido la entidad de toda la vida del Sr. Jubilado.
Tu ahorro en juego
En ningún momento se le informó de las características de liquidez de los productos que suscribió en relación a la posible irrecuperabilidad del capital de los mismos. Creía que lo que suscribía era un depósito a plazo fijo con opción a recuperar su dinero cuando lo necesitara, con una penalización si lo retiraba antes del plazo pactado.
Lo que le dejó muy claro fue la rentabilidad del depósito, los altos intereses que el mismo le rentaba, y no en cambio el resto de aspectos inherentes al producto adquirido, como la poca seguridad del mismo y el alto riesgo. Además, el director conocía las inversiones anteriores del Sr Jubilado, que se caracterizaban por ser conservadoras. Le estaba ofreciendo un producto de alto riesgo a una persona que no cumplía el perfil requerido.
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