Una cuestión que lleva tiempo en boga es la implicación del progreso tecnológico en el crecimiento de la economía mundial. El crecimiento económico que conocemos hoy en día nada tiene que ver con el que había en la historia preindustrial. Tras más de 100 años de estudios todavía no sabemos por qué y cuándo empezó.
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Vamos a abordar un tema delicado que deja más o menos descontentos a todos: los impuestos. Principalmente nos vamos a centrar en cómo se recaudan, no solo en la complejidad y lagunas (aprovechadas por algunos) que han establecido los sistemas impositivos creados a base de poner parche sobre parche, sino también en la falta de revisión y adecuación al momento de la economía actual. Podemos adelantar la conclusión: los sistemas impositivos actuales están desfasados.
Los sistemas impositivos varían dependiendo del país. Un ejemplo obvio es que en los países europeos existe un impuesto sobre el valor añadido (IVA) mientras que en EEUU no, pero se pueden extraer 3 fallos comunes que cometen los países a la hora de marcar sus impuestos.
El primero es la oportunidad perdida. El alto precio de la vivienda, a menudo resultado de la escasez de terreno, ha producido beneficios extraordinarios a los propietarios en las grandes ciudades. Los beneficios extraordinarios deberían ser una fuente de ingresos obvia pero los impuestos sobre la propiedad se han mantenido constantes, alrededor del 6% de ingresos para los gobiernos de países desarrollados, el mismo que antes del boom inmobiliario.
El segundo es que los impuestos a veces actúan en contra de otras prioridades. Una de las principales preocupaciones de los políticos en países desarrollados es el crecimiento de las desigualdades sociales, que se encuentran en su punto más elevado desde hace 50 años. Según datos de la OCDE, el 10% más rico de la población gana, de media, 9 veces más que el 10% más pobre. Sin embargo, la mayoría de países ha cambiado la tributación laboral hacia impuestos regresivos sobre la nómina y la seguridad social en vez de establecer impuestos progresivos sobre la renta.
El tercero, no se ha sido capaz de adaptar los impuestos a los cambios tecnológicos. El aumento de la importancia de la propiedad intelectual implica que es muy difícil establecer dónde genera una multinacional, realmente, sus beneficios. Casi el 40% de los beneficios de las multinacionales se trasladan a países con base impositiva baja, según estimaciones recientes.
Según la popular revista The Economist, una reforma fundamental del sistema impositivo puede impulsar el crecimiento y hacer las sociedades más justas, y para ellos los principios están claros: los impuestos deben tener como objetivo las rentas, preservar incentivos y que sean difíciles de evitar.
Otra opción que proponen es aumentar las cargas impositivas sobre la propiedad y la herencia, ya que estos impuestos, pese a ser impopulares, resultan muy eficientes porque vivimos en un mundo en el que los beneficios por propiedades generan desigualdades que persisten a lo largo de generaciones.
Los economistas suelen ser escépticos a la hora de establecer impuestos a otras formas de capital porque desalientan la inversión. La realidad es que la participación de la renta de capital en el PIB de los países industrializados ha aumentado desde 1975 un 4%, lo que sugiere que las empresas están aumentado su capacidad para extraer renta de la economía. Un impuesto sobre la renta del capital podría centrarse en ese segmento pudiendo evitar dañar la inversión si se incluyen excepciones.
Adam Smith defendía que los impuestos deberían ser eficientes, ciertos, convenientes y justos, pero la realidad es que son todo lo contrario. El problema es que los políticos no quieren emprender ninguna reforma por miedo a perder votos o apoyos concretos.
Los fondos de capital riesgo están repletos de dinero y tienen más de 1,1 billones de dólares preparados para invertir alrededor del mundo, según datos de la consultora Preqin.
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Seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de la economía colaborativa, pero ante las noticias surgidas en estos últimos meses no está de más repasar este concepto. La primera vez que se escuchó este término fue en el artículo “Collaborative Consumption” de 2007. Lo trataban como un fenómeno que se iba a generalizar en todo el mundo y que terminó de explotar en los años posteriores a la crisis económica.
Aunque hay división de opiniones en cuanto a su definición, como idea general, la economía o consumo colaborativo lo podemos definir como la interacción entre dos o más sujetos, generalmente a través de medios digitalizados, que satisface una necesidad a una o más personas. En España el mayor obstáculo al que tiene que enfrentarse la economía colaborativa es la regulación.
Estos últimos meses hemos podido comprobar cómo un insuficiente marco regulatorio ha ocasionado grandes disputas entre quienes ofrecían un producto o servicio de manera tradicional frente a quienes lo están empezando a ofrecer bajo la etiqueta de la economía colaborativa.
Solo hay que remontarse a la reciente huelga de taxistas, que trataron de paralizar las principales ciudades españolas demandando una mayor limitación a las licencias de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) dominadas por servicios como Cabify o Uber. Algo antes, algunos trabajadores de Deliveroo, Glovo o Uber Eats cuestionaban la forma de contratación de estas empresas. Además, el 7 de agosto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recurría la reciente normativa de vivienda turística (que perjudicaba a Airbnb) de Bilbao, Madrid y San Sebastián, al considerar que las normas de estos ayuntamientos son “contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente y perjudican a consumidores y usuarios”.
Podemos comprobar que, en tan solo dos meses, los conflictos alrededor de startups bajo el formato de economía colaborativa no han parado de sucederse. Se trata de nuevos negocios que se encuentran bajo un caos donde las actividades económicas no están igual de reguladas en dos autonomías o dos ayuntamientos distintos; y todo ello debido a la descentralización de la administración española.
Se requiere, por tanto, una unificación en la regulación. Algo que beneficiará tanto a empresas como consumidores; y que, como podemos comprobar en este post, “Finanzas: La economía colaborativa revoluciona Amsterdam”, en otros países sí ha sido posible. Una tarea complicada debido a los componentes ideológicos que rodean a la economía colaborativa y a la aparente falta de acuerdo entre partidos políticos para poner un poco de orden sobre este tema.
