MiFID II: ¿por qué ha denunciado Bruselas a España ante el TJUE?

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La directiva europea sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II) continúa estando, lamentablemente, de actualidad. Y es que Bruselas decidió el pasado 19 de julio llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer plenamente la ya famosa normativa.

Si hay algún inversor despistado que aún no se ha enterado qué es MiFID II, en esta publicación te podrás poner al día de algunos aspectos fundamentales de la norma: “Supuestos de asesoramiento de asesoramiento en MiFID II”.

Recordemos que el Parlamento Europeo (PE) aprobó el 15 de mayo de 2014 la directiva, que la Comisión Europea (CE) avisó durante todo 2015 de la obligación de su entrada en vigor en enero de 2017, y que, además, desde la propia CE, se entendió que se necesitaba un plazo mayor para que tanto reguladores como empresas pudieran cumplir los requisitos exigidos por la normativa. Finalmente, se fijó una nueva fecha límite: enero de 2018. Es decir, han dado más de 4 años para que los 28 países miembros de la Unión Europea (UE) transpongan la totalidad de las normas de la directiva y, lógicamente, vencida la fecha, se les ha acabado la paciencia.

Si por lo menos otros países de la UE tuviesen el mismo problema que España, podríamos comprender que quizá fuese una directiva que lleva un tiempo debido a la complejidad o la exigencia de esta. Pero no es el caso, ya que los únicos dos países que han sido denunciados por la CE son España y Eslovenia.

La nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que será prioridad para el Ministerio acelerar tanto la transposición de la directiva sobre los mercados de instrumentos financieros como la directiva en los servicios de pagos digitales (PSD2), también atrasada. Se quieren evitar así posibles sanciones que, a pesar de que vayan a ser pequeñas cuantías, van en detrimento de la imagen que España quiere dar ante la UE. El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, confía en que sea aprobada este año y entre en vigor en enero de 2019, aunque expertos en el sector le contradicen dando casi por seguro que no se tendrá una normativa definitiva para 2019.

Esta denuncia de Bruselas es solo una muestra más de lo que pasa cuando las cosas se hacen tarde y mal, y parece que en España, en cuanto a directivas europeas se refiere, somos expertos en ello, puesto que MiFID II no es la única. La parcial transposición de la normativa, donde no se incluyen normas fundamentales para su funcionamiento según la CE; y el no aprovechar debidamente esos 4 años que se dieron para ir dando forma a la directiva, está provocando una gran confusión en el sector, donde cada entidad interpreta MiFID II de una forma distinta.

Una pena. La llegada de MiFID II ha sido una gran noticia para la economía del país en general, puesto que supone una mejora para la salud financiera de los inversores y otorga una mayor competitividad a la industria de fondos de inversión. Esperemos, por el bien de los inversores y del sector, que la transposición completa no se demore mucho más, pero teniendo en cuenta los antecedentes y el panorama político, tampoco se puede esperar demasiado.

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