Durante años, los economistas han discutido sobre si los gobiernos y bancos centrales en países desarrollados han prolongado de manera errónea la vida de las “empresas zombi”. Con la pandemia mundial este debate cobra una importancia renovada. Esta situación anómala puede llevar a los gobiernos a prolongar la vida de empresas que estaban abocadas al cierre antes de la COVID19.
Las empresas parcialmente rentables fueron causa fundamental de la “década perdida” en los 90 en Japón. Los bancos, reacios a reconocer las pérdidas, continuaron dando créditos a estas empresas, que sin ellos serían insolventes. Esta “zombificación” generó un mercado laboral inerte y un menor crecimiento en la productividad.
Desde entonces, las economías de países desarrollados han empezado a contar con más empresas zombi. La proporción de cotizadas con capitalización bursátil baja para su valor en libros y cuyos beneficios resultan insuficientes para cubrir el pago de los intereses, creció desde el 4% a mediados de los 80 hasta el 15% en 2017, según datos de los economistas del Banco de Pagos Internacionales.
No es fácil para los economistas analizar el nivel de zombificación durante la década del 2010, ya que la economía mundial dio pocos signos de escasez de capital o de mano de obra que uno podría esperar si hubiese muchas empresas zombi pululando. Cierto es que hubo muchas compañías parcialmente rentables, pero fue causa coyuntural debido a que el gasto global fue débil. El problema aparece con los riesgos que implica la pandemia. Los gobiernos han intervenido en la economía a gran escala para mantenerla en funcionamiento ante este escenario nunca antes visto.
Beneficios fiscales, préstamos avalados por los bancos centrales para inyectar liquidez y leyes contra las bancarrotas han evitado la quiebra a muchas empresas, la mayoría viables y otras que no lo son. El problema es cómo identificar aquellas que con estos paquetes de estímulos se convierten en zombis cuando deberían haber quebrado.
Las principales recomendaciones de los economistas es que los gobiernos deberían apoyar a los trabajadores, no los puestos de trabajo, y hacer una intervención más específica. Los préstamos avalados por el Estado no deberían prorrogarse indefinidamente sino que deberían experimentar un aumento gradual de los intereses. Si los gobiernos realmente creen que la disrupción en hostelería y en la industria hotelera va a ser temporal, lo que realmente se necesita son subvenciones y no préstamos ya que nunca se recuperarán los ingresos perdidos durante esta crisis.
Otra prioridad debe ser evitar una crisis bancaria. Entidades crediticias con balances ajustados tienen incentivos para mantener la financiación a sus clientes existentes, enmascarando errores pasados con más préstamos y evitando reconocer pérdidas a corto plazo, pese a que a largo plazo puede afectar a la viabilidad de dichas entidades. Para evitar este problema los reguladores deben estar ojo avizor y evitar que esta práctica se extienda.
Por último y no menos importante, hay que asegurar que las empresas puedan fallar rápido y de manera eficiente para que puedan recapitalizarse o redistribuir sus activos y sus equipo lo antes posible. Hacer de este proceso algo eficiente reducirá el incentivo de los acreedores para buscar liquidaciones leoninas.
La ayuda casi indiscriminada para apoyar a compañías y trabajadores ha sido necesaria dentro de los paquetes de rescate a la economía que se han llevado a cabo en medio de los confinamientos generalizados. Hay que intentar que estas ayudas no afecten al dinamismo de la economía y que, una vez recuperados, los mercados sigan su curso natural para determinar a los ganadores y a los perdedores y evitar así los zombis.
