Que China ha puesto el foco de su inversión extranjera en Europa no es nuevo. De hecho, llegaron a invertir 40.000 millones de dólares en 2016, casi el doble de lo que invirtieron en 2015. Pese que el año pasado redujeron el dinero que dedicaron a la inversión extranjera directa (FDI), aumentó la cantidad que dedicaron a Europa, pasó de un quinto a un cuarto.
Aunque este dinero es en su mayor parte bienvenido, China lo está usando en ciertos casos para ganar influencia política. El año pasado Grecia vetó la crítica de la Unión Europea a China en el fórum de Naciones Unidas por su historial de incumplimiento de los Derechos Humanos. Hungría y Grecia, por su parte, impidieron a la UE respaldar un fallo judicial contra China por sus demandas territoriales en el mar del Sur de China.
La mayoría de los planes de China en Europa son los que se podría esperar de una economía al alza, con inversión privada buscando beneficios e inocua. Adquirir nuevas tecnologías comprando firmas innovadoras es algo habitual y no es pernicioso mientras cada acuerdo se revise para evitar riesgos a la Seguridad Nacional.
A priori, Europa no ha optado por implementar medidas proteccionistas pese a que pueda parecer “justo” que las empresas chinas se enfrenten a las mismas restricciones a las que se enfrentan las empresas europeas en China, pero esto atentaría directamente contra la permeabilidad de las economías y de las sociedades europeas.
Esta apertura europea que le beneficia como receptora de inversión extranjera le puede perjudicar, ya que le hace más vulnerable. Por eso es necesario que los gobiernos estudien cada caso de inversión de manera individual y que designen un interlocutor único que defienda sus posturas de manera unificada cuando negocien con China.
Mientras China crece, los beneficios de una Europa abierta, independiente y libre traspasan las fronteras europeas y ayudan a regular el comercio mundial, pero si estas bondades fuesen socavadas el comercio mundial se vería gravemente afectado. Ante esa disyuntiva, EEUU debería trabajar codo con codo con la UE para promover estándares comunes de transparencia y prevención del tráfico de influencias, por el bien de todos.
