Categoría: Diario

Recientemente el Ecofin, tras dos años de negociaciones, ha publicado una lista negra de “jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal”. Esta lista ha levantado ampollas, ya que no incluye a Suiza, Andorra, Gibraltar, ni las islas del Canal de la Mancha. Los parámetros que se utilizan para calificar a un Estado como un paraíso fiscal son varios, pero intentemos simplificar lo que es un paraíso fiscal.

Los paraísos fiscales son territorios en los que la tributación fiscal es especialmente favorable y de la que se aprovechan personas y empresas no residentes, pero a efectos legales domiciliados allí. Estamos hablando de exenciones fiscales desorbitadas, nada que ver con la traspasabilidad de los fondos de inversión. Los paraísos fiscales permiten que personas físicas y privadas tributen en territorios en los que no se encuentran su centro de actividades, pero sí su domicilio social. Burlando, de este modo, sus obligaciones tributarias en el país en el que realmente centran su actividad económica.

A modo de ejemplo, imaginemos una empresa de limpieza cuya sede social esté en Gibraltar, pero que los servicios los presta en las localidades contiguas al Peñón y en suelo español. Este empresa pagará el impuesto de sociedades en Gibraltar (10%) en lugar de pagar el de España (25%), que sería el que le correspondiese debido a que su centro de operaciones se encuentra en territorio español.

Del mismo modo ocurre con las personas físicas. Se compran un inmueble en un paraíso fiscal y establecen allí su residencia habitual. Con tal de que residan un determinado número de días al año (varía en función de cada país), pueden tributar allí aunque su trabajo y su residencia el resto del año se encuentre en un país con mayores cargas fiscales.

No existe una lista cerrada de paraísos fiscales. Hay mucho dinero e intereses en juego. Dependiendo de cada país, se reconocen unos y se protegen otros. Al tratarse de un tema de cargas fiscales es complicado clasificarlos, ya que cada Estado es soberano de establecer las tasas fiscales que crea conveniente. Los paraísos fiscales existen y, aunque públicamente se condenen, son muy difíciles de controlar.

 

Los Exchange Trade Funds (ETFs) están de moda. La inversión indexada parece la revolución de la inversión patrimonial. Muchos son los que los aclaman como la evolución de los fondos tradicionales de gestión activa, centrando sus argumentos en la rentabilidad y los costes, pero nadie se ha parado a investigar a fondo los costes ocultos de los ETFs.

El éxito de los ETFs nace de los estudios de rentabilidad a largo plazo de los fondos de gestión activa y sus índices. Es cierto que son poco los fondos de gestión activa que superan la rentabilidad de su índice a largo plazo, pero los hay. En cambio, algo que no nos cuentan de los ETFs, es que estos nunca los superan. La rentabilidad de estos productos es la misma que el índice de referencia menos los costes.

Los costes de los fondos de gestión activa se detraen de su rentabilidad. Por lo cual, los costes que asume el cliente no son difíciles de entender: parte de estos costes van dirigidos al comercializador (retrocesión) y parte, a los costes del fondo. Estos últimos se retrotraen del valor liquidativo de las participaciones, por lo que el inversor no lo percibe directamente. Con los ETFs la cosa cambia. Son varios los costes ocultos de los ETFs que no se aclaran cuando se habla de ellos.

Empecemos con los gastos de operativa. Los ETFs cotizan, lo que supone tener que pagar cánones y otros costes al comprar las participaciones en bolsa. También hay que tener en cuenta los gastos de mantenimiento de la cuenta de valores, la comisión del bróker… Todos estos gastos los asume el inversor. Como hemos dicho anteriormente, con la gestión activa estos gastos se detraen de la rentabilidad del fondo. Con los ETFs solo los gastos comunes con los fondos de gestión activa (auditoría, depósito, tasas…) se detraen de la rentabilidad, el resto los paga el inversor de su bolsillo.

Además, en España con los ETFs no existe la traspasabilidad fiscal de la que gozan los fondos tradicionales. Esto supone que cada vez que se necesite rotar posiciones en la cartera habrá que pagar al fisco. Lo que significa menos dinero acumulado a lo largo de la inversión y, por lo tanto, menos rentabilidad. Todos estos gastos a largo plazo se amplifican, alcanzando porcentajes que nos hacen dudar del tan famoso abaratamiento de costes que tienen los ETFs.

Los ETFs no son la panacea. Veamos primero a ver si, como adelantan en la prensa, los igualan fiscalmente a los fondos tradicionales. Es entonces cuando debemos estudiarlos, compararlos y ver si realmente se ajustan a las necesidades del inversor.