Cobrar por los servicios públicos a veces tiene sentido aunque en ocasiones es una estafa.¿Te estás divorciando? ¿Vas al médico? ¿Tiras de la cadena del váter? Si es así, cada vez tienes más probabilidades de recibir una factura del gobierno por ello.
Mientras los países occidentales, faltos de liquidez, intentan equilibrar su contabilidad sin subir los impuestos más impopulares, están cobrando tasas más altas por los servicios habituales del día a día. Las ciudades americanas cobran a sus residentes por estos costes un cuarto más de lo que lo hacían en el año 2000. En Gran Bretaña, dónde se está dando un ajuste fiscal importante, nuevas tasas están saliendo de lugares inesperados, desde los tribunales penales hasta el área de control de plagas municipal.
Gobiernos que emplean el “paga por lo que usas” tiene sus ventajas. Cobrar por los servicios ayuda a gestionar los recursos de manera eficiente, disuadiendo el consumismo excesivo e inútil. Por ejemplo, los parquímetros previenen que la gente acapare espacios para aparcar.
Lejos de suponer una desventaja, las tasas específicas pueden ser más justas que los impuestos generales. Cobrar el agua por litro, como Irlanda de manera controvertida empezó a hacer en enero, significa que consumidores ocasionales pagan menos que aquellos que malgastan el agua a chorros. Las tasas universitarias reducen el subsidio que tienen que pagar a los estudiantes aquellos que nunca han disfrutado de los beneficios de la universidad. La mayoría de los grandes consumidores de los servicios gratis o subvencionados son la clase media, que deberían pagar.
Pero la reciente proliferación de tasas tiene menos que ver con la economía que con la conveniencia política. Los políticos han visto en estas tasas una manera fácil de recaudar dinero y las han inflado hasta el punto que tienen poca relación con el coste del servicio que supuestamente se está pagando. Con demasiada frecuencia, el resultado es una estafa?
No es de extrañar que las tasas son populares entre los gobiernos. En vez de que aparezcan nuevos impuestos en los recibos, se pueden “deslizar” entre las nuevas legislaciones y regulaciones que están sometidas a menor escrutinio. Otra ventaja es que se pueden destinar a grupos políticos no organizados en vez de al público en general, lo que significa que van a encontrar una menor oposición que una subida de impuestos o recortes sociales. El gobierno de Gran Bretaña, por ejemplo, perdería menos votos subiendo el coste del divorcio que un recorte equivalente en los beneficios para la tercera edad.
Sin embargo, cuando una tasa excede el coste de un servicio se convierte en un impuesto. Tomemos por ejemplo un visado para la estancia de un familiar dependiente en Gran Bretaña. La tasa es de 2.985 €, más del triple de lo que cuesta el proceso de la solicitud. Los inmigrantes pagan un “sobrecargo” por el Sistema Nacional de Salud, hagan uso de él o no.
Las más fáciles de absorber son la tasas que se aplican en los tribunales: literalmente son un mercado cautivo. En Gran Bretaña, los pequeños delincuentes, en determinadas ocasiones, pagan más en tasas (sobre las que los jueces no tienen ningún miramiento) que en multas. En América, cuyos tribunales son los más empresariales en el mundo desarrollado, las tasas son tan altas y están tan extendidas que muchos delincuentes acaban en la cárcel por impagos. Los criminales suscitan poca simpatía, pero las víctimas están siendo esquilmadas también.
Después de que Gran Bretaña introdujera tasas por el uso de los juzgados laborales en 2013, las denuncias por discriminación sexual descendieron un 83%, sin ningún aumento en la tasa de éxito hasta la fecha, lo que sugiere que las personas con casos reales se han quedado fuera por el precio.
Dar con una mano
La raíz del problema es la poca habilidad para recaudar dinero con métodos más transparentes, como por ejemplo con la fiscalidad. En Gran Bretaña, los ayuntamientos tienen prohibido subir la fiscalidad por un todopoderoso gobierno central. En otras partes, sobre todo América, los políticos tienen una alergia ideológica a la subida de las tasas fiscales. Abogar por una fiscalidad baja mientras se respaldan falsas “tasas” para la recaudación de ingresos es una especie de responsabilidad fiscal encubierta.
Un sistema en el que las finanzas públicas se reponen a través de exprimir a aquellos que no tienen más remedio que hacer uso de los servicios públicos sobre los que el gobierno tiene un monopolio no es responsable, es una estafa. Y nunca beneficiará a tus finanzas personales.
Fuente: The Economist
