Seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de la economía colaborativa, pero ante las noticias surgidas en estos últimos meses no está de más repasar este concepto. La primera vez que se escuchó este término fue en el artículo “Collaborative Consumption” de 2007. Lo trataban como un fenómeno que se iba a generalizar en todo el mundo y que terminó de explotar en los años posteriores a la crisis económica.
Aunque hay división de opiniones en cuanto a su definición, como idea general, la economía o consumo colaborativo lo podemos definir como la interacción entre dos o más sujetos, generalmente a través de medios digitalizados, que satisface una necesidad a una o más personas. En España el mayor obstáculo al que tiene que enfrentarse la economía colaborativa es la regulación.
Estos últimos meses hemos podido comprobar cómo un insuficiente marco regulatorio ha ocasionado grandes disputas entre quienes ofrecían un producto o servicio de manera tradicional frente a quienes lo están empezando a ofrecer bajo la etiqueta de la economía colaborativa.
Solo hay que remontarse a la reciente huelga de taxistas, que trataron de paralizar las principales ciudades españolas demandando una mayor limitación a las licencias de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) dominadas por servicios como Cabify o Uber. Algo antes, algunos trabajadores de Deliveroo, Glovo o Uber Eats cuestionaban la forma de contratación de estas empresas. Además, el 7 de agosto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recurría la reciente normativa de vivienda turística (que perjudicaba a Airbnb) de Bilbao, Madrid y San Sebastián, al considerar que las normas de estos ayuntamientos son “contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente y perjudican a consumidores y usuarios”.
Podemos comprobar que, en tan solo dos meses, los conflictos alrededor de startups bajo el formato de economía colaborativa no han parado de sucederse. Se trata de nuevos negocios que se encuentran bajo un caos donde las actividades económicas no están igual de reguladas en dos autonomías o dos ayuntamientos distintos; y todo ello debido a la descentralización de la administración española.
Se requiere, por tanto, una unificación en la regulación. Algo que beneficiará tanto a empresas como consumidores; y que, como podemos comprobar en este post, “Finanzas: La economía colaborativa revoluciona Amsterdam”, en otros países sí ha sido posible. Una tarea complicada debido a los componentes ideológicos que rodean a la economía colaborativa y a la aparente falta de acuerdo entre partidos políticos para poner un poco de orden sobre este tema.
